¿Puede el Presidente impedir la promulgación de la Ley de amnistía?

Por: José Ignacio Hernández,abogado venezolano, Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de la UCV y UCAB. 

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De acuerdo con el numeral 5 del Artículo 186 de la Constitución, corresponde a la Asamblea Nacional “decretar amnistías”. Aquí “decretar” se emplea como sinónimo de “dictar”. Por eso la amnistía es dictada por la Asamblea mediante una Ley, como reitera el Artículo 74 constitucional.
En el pasado, sin embargo, el Presidente de la República ha dictado estas medidas a través de un Decreto-Ley, como sucedió con la Ley Especial de Amnistía, del 31 de diciembre de 2007, relacionada con los sucesos del golpe de Estado del 11 de abril de 2002.
En todo caso, la Asamblea Nacional puede dictar una Ley de Amnistía para olvidar cualquier delito cometido o que pudo haberse cometido. Y esa Ley es dictada por el procedimiento ordinario de formación de leyes previsto en la Constitución.

¿Puede el Presidente impedir la promulgación de la Ley de amnistía? 

El Presidente de la República no puede impedir la promulgación de una Ley de Amnistía ni de ninguna otra Ley dictada por la Asamblea Nacional. 

Según la Constitución, una vez que la Asamblea Nacional aprueba una Ley, el Presidente de la Asamblea la declara “sancionada”. Ese texto es remitido al Presidente de la República, pero todavía no es Ley pues para ello se requiere su publicación en la Gaceta Oficial. Esto es lo que se conoce como “promulgación de la Ley”. 

El Presidente de la República, una vez que recibe el texto aprobado por la Asamblea, puede vetar ese texto. Es decir: puede formular observaciones para que la Asamblea decida si las considera o no. Una vez que la Asamblea remite de nuevo el texto aprobado al Presidente, éste sólo tiene una opción: promulgar la Ley. 

Si el Presidente se niega a promulgar la Ley, la Asamblea Nacional podrá promulgarla por sus propios medios. 

Por eso el Presidente de la República no puede impedir la promulgación de las Leyes dictadas por la Asamblea. 

No obstante, el Presidente de la República también puede considerar que el texto aprobado por la Asamblea —en este caso, la Ley de Amnistía— es violatorio a la Constitución, caso en el cual requerirá la opinión de la Sala Constitucional. Si la Sala Constitucional opina que la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea esa violatoria de la Constitución, la Ley no será promulgada por el Presidente. 

Es importante recordar que luego de que la Ley de Amnistía sea publicada en Gaceta Oficial, cualquiera podría demandar su nulidad ante la Sala Constitucional, lo que llevaría a un resultado similar. 

Esta atribución de la Sala Constitución —de cuyo riesgo advertí aquí mismo en Prodavinci— no puede degenerar en un fraude constitucional que desconozca la representación nacional que ejerce la Asamblea. Es a la Asamblea Nacional (y no a la Sala Constitucional) a quien le corresponde decidir sobre las amnistías. 

Así que lo único que podría controlar la Sala Constitucional es si la Ley de Amnistía cumple o no con el Artículo 29 de la Constitucional, básicamente en lo que respecta a los delitos de lesa humanidad que, insisto, deben ser interpretados restrictivamente. 

Por ello, como se ve, el principal riesgo frente a la Ley de Amnistía no reside tanto en el Presidente de la República sino en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 


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